En el Día Mundial del SIDA 2024, es indispensable hacer un llamado crítico al Estado chileno por sus graves deudas en la respuesta al VIH/SIDA. En particular, resulta alarmante la baja inversión en prevención y la desactualización de la guía clínica, dejando a miles de personas vulnerables y perpetuando una situación de riesgo evitable. La falta de compromiso con la protección y atención adecuada de las personas viviendo con VIH, así como de las poblaciones clave, pone en evidencia una gestión deficiente que demanda cambios urgentes.
En primer lugar, la guía clínica nacional para el VIH/SIDA está profundamente desfasada y no responde a los estándares internacionales actuales. Esta falta de actualización tiene consecuencias directas en la vida de las personas, dado que el tratamiento inyectable (una opción moderna que facilita la adherencia) no ha sido incorporado en el régimen GES (Garantías Explícitas en Salud). Además, la incorporación de fármacos esenciales como Dovato y la baja disponibilidad de Biktarvy, que es uno de los tratamientos más eficaces y menos tóxicos, son omisiones preocupantes que evidencian un rezago del sistema de salud chileno en comparación con otros países de la región.
La prevención es otra área gravemente desatendida. En Chile, el acceso a la profilaxis preexposición (PrEP) es limitado, lo que deja a las poblaciones más expuestas sin una de las herramientas preventivas más eficaces. Aún peor, la profilaxis posexposición (PEP), que debe estar disponible en casos de exposición al VIH, no está disponible en el sistema público de salud. Esta carencia es una muestra de cómo el Estado ha fallado en su obligación de ofrecer alternativas de prevención integrales y accesibles, esenciales para reducir el número de nuevas infecciones.
La actitud del Ministerio de Salud de Chile hacia la participación de la sociedad civil y, en particular, el bajo protagonismo otorgado a las personas que viven con VIH, constituye otra deuda preocupante. Las personas afectadas por el VIH/SIDA tienen derecho a ser parte activa en la toma de decisiones que inciden en su salud y bienestar. Sin embargo, el Ministerio ha mostrado una postura refractaria, excluyendo a las organizaciones de la sociedad civil de los espacios donde se discuten políticas públicas esenciales. Esto deja a estas personas sin voz ni representación efectiva y limita la posibilidad de construir políticas de salud inclusivas y efectivas.
Finalmente, el apoyo económico y financiero a las organizaciones que trabajan con poblaciones clave, como hombres homobisexuales, hombres que tienen sexo con hombres (HSH), personas trans, migrantes, y trabajadores del sexo, es mínimo y totalmente insuficiente. Estas organizaciones son la primera línea en la prevención, educación y apoyo psicosocial, y su trabajo es fundamental para reducir el estigma y brindar ayuda directa en comunidades especialmente vulnerables. Sin embargo, la falta de recursos y apoyo oficial reduce su impacto y limita su alcance, generando una brecha de atención que el Estado debería cubrir pero que irresponsablemente ignora.
Chile debe replantear su enfoque hacia el VIH/SIDA, invirtiendo en una prevención efectiva, tratamientos actualizados y una participación activa de la sociedad civil. No hacer frente a esta crisis de manera integral solo agrava las desigualdades, perpetúa el estigma y desatiende el derecho a la salud de miles de personas. Esta falta de acción no solo es una irresponsabilidad política, sino también una deuda social y moral que urge ser saldada.
COMUNICACIONES ACCIONGAY
