La memoria también es una forma de lucha. Cada 19 de mayo, miles de organizaciones, activistas, familiares y personas que viven con VIH alrededor del mundo levantan velas en el marco de la Vigilia Internacional en Memoria de las Personas Fallecidas a causa del Sida —conocida globalmente como Candlelight Memorial—, una de las campañas comunitarias más importantes impulsadas por la sociedad civil y respaldadas por ONUSIDA. No se trata únicamente de recordar a quienes fallecieron producto de enfermedades asociadas al Sida. Se trata también de denunciar el abandono, enfrentar el estigma y defender los derechos humanos de quienes siguen viviendo con VIH en contextos marcados por la desigualdad, la discriminación y la indiferencia institucional.
En Chile, esta conmemoración adquiere hoy un sentido profundamente político y urgente. A más de cuatro décadas del inicio de la epidemia, el país continúa arrastrando brechas estructurales en materia de prevención, educación sexual, acceso oportuno a diagnóstico, adherencia a tratamientos y combate contra la discriminación. Mientras los avances biomédicos han permitido transformar el VIH en una condición crónica manejable, el Estado chileno sigue actuando con lentitud frente a una epidemia que continúa afectando especialmente a las poblaciones históricamente excluidas: hombres gays y bisexuales, personas trans, trabajadoras sexuales, migrantes, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad social.
La ausencia de campañas públicas permanentes de sensibilización y educación sexual es una de las expresiones más evidentes de esta crisis silenciosa. Hoy prácticamente no existen campañas masivas sostenidas de prevención del VIH en televisión, radios, espacios públicos o plataformas digitales impulsadas desde el Estado. La información ha sido reemplazada por el silencio. Y cuando el silencio se instala en salud pública, lo que avanza es el miedo, la desinformación y el estigma.
Las organizaciones comunitarias hemos debido asumir, prácticamente solas, tareas que corresponden al aparato público: promoción del test rápido, acompañamiento psicosocial, vinculación a controles, educación sexual, prevención combinada y reducción de daños. Son las organizaciones sociales las que continúan llegando a los territorios, a las poblaciones más excluidas y a quienes muchas veces desconfían del sistema sanitario debido a experiencias de discriminación o maltrato.
A ello se suma un escenario especialmente preocupante: los recortes presupuestarios anunciados por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud al Programa Nacional de VIH e ITS. En un país donde las brechas ya son profundas, disminuir recursos destinados a prevención, diagnóstico y atención constituye una señal alarmante. No se puede combatir una epidemia debilitando las herramientas públicas y comunitarias que permiten contenerla.
La historia del VIH demuestra que cada retroceso institucional tiene consecuencias humanas concretas. Menos campañas implican menos información. Menos prevención implica más diagnósticos tardíos. Menos recursos comunitarios significan más personas quedando fuera del sistema de salud. Y más estigma significa más miedo a hacerse el examen, más aislamiento y más vulneración de derechos.
El Candlelight Memorial no solo nos convoca a recordar a quienes ya no están. También nos obliga a preguntarnos qué sociedad estamos construyendo cuando la vida de las personas que viven con VIH vuelve a quedar en segundo plano dentro de las prioridades del Estado. Las velas que se encienden en esta vigilia representan memoria, pero también resistencia. Representan la lucha histórica de comunidades que enfrentaron la muerte, el abandono y la discriminación cuando nadie quería hablar del Sida.
Hoy esa historia no puede repetirse.
Frente al avance de discursos conservadores, al debilitamiento de las políticas públicas y a la reducción de recursos para la respuesta al VIH, las organizaciones sociales y las comunidades afectadas tienen el deber ético y político de mantenerse alertas, articuladas y movilizadas. No podemos normalizar los retrocesos. No podemos aceptar que la prevención desaparezca de la agenda pública. No podemos permitir que el estigma siga creciendo mientras el Estado reduce su capacidad de respuesta.
Defender las políticas de VIH es defender derechos humanos. Es defender el acceso a la salud, a la información, a la dignidad y a la vida. Y si es necesario volver a movilizarnos para impedir retrocesos, habrá que hacerlo con la misma fuerza con que las comunidades respondieron durante los años más duros de la epidemia.
Porque la memoria es activa. La memoria organiza, denuncia y transforma.
Y mientras exista estigma, abandono y desigualdad, la lucha contra el VIH seguirá siendo una tarea colectiva.
COMUNICACIONES ACCIONGAY
