La señal es clara, aunque incómoda: el ajuste fiscal propuesto por el Ministerio de Hacienda no es neutro. Tiene ganadores y perdedores. Y, en este caso, la respuesta al VIH está quedando del lado equivocado de la ecuación.
El instructivo que empuja recortes transversales —incluyendo una reducción superior a $300 mil millones en el presupuesto del Ministerio de Salud— no solo tensiona la operación del sistema, sino que redefine prioridades. Cuando se plantea descontinuar programas y recortar líneas críticas como la prevención del VIH, el mensaje es directo: la política pública deja de mirar el largo plazo y se refugia en la contención de corto plazo. Esa es una mala decisión estratégica.
La evidencia internacional y la experiencia local han sido consistentes: cada peso invertido en prevención del VIH ahorra múltiples pesos en tratamiento, hospitalizaciones y pérdida de productividad. No es ideología, es gestión eficiente de recursos. Debilitar la prevención no solo es un retroceso sanitario, es un error financiero.
En Chile, la respuesta al VIH ya venía mostrando señales de fatiga estructural. Persisten brechas en testeo oportuno, acceso desigual a PrEP, retrasos en vinculación a tratamiento y una débil integración de estrategias comunitarias. A eso se suma el estigma, que sigue operando como barrera silenciosa en la Atención Primaria de Salud. En ese contexto, reducir el presupuesto de prevención equivale a apagar incendios con bencina.
Más aún, el recorte no ocurre en el vacío. Se inserta en un paquete de ajustes que también golpea áreas altamente sensibles: salud mental, programas de infancia, inmunizaciones y cuidados de personas con dependencia severa. Es decir, se debilita la red completa. Y cuando la red se debilita, los primeros en caer son los grupos más vulnerables: jóvenes, personas LGBTIQ+, migrantes y quienes viven en contextos de exclusión.
Desde una lógica de gestión pública, esto tiene implicancias críticas. Primero, aumenta el riesgo de nuevas infecciones, lo que presiona aún más el gasto futuro en tratamientos antirretrovirales. Segundo, deteriora la capacidad de respuesta territorial, especialmente en APS, donde se juega la prevención real. Y tercero, erosiona la confianza de las comunidades en el sistema, un activo intangible pero clave para cualquier política sanitaria efectiva.
No se trata de negar la necesidad de responsabilidad fiscal. Se trata de entender dónde recortar y dónde no. La prevención del VIH no es un gasto prescindible; es una inversión estratégica en salud pública, derechos humanos y sostenibilidad del sistema.
Si el Estado retrocede en este frente, las consecuencias no serán inmediatas en las planillas Excel, pero sí en la vida de las personas. Más diagnósticos tardíos, más transmisión comunitaria, más presión sobre un sistema ya exigido. En simple: más costo humano y más costo fiscal a mediano plazo.
Chile tiene la oportunidad —y la obligación— de sostener una respuesta al VIH moderna, basada en evidencia, con enfoque comunitario y centrada en derechos. Pero eso requiere coherencia presupuestaria. No se puede declarar prioridad sanitaria mientras se recorta la base operativa que la sostiene.
El ajuste fiscal puede ser inevitable. El retroceso en prevención del VIH, no. Aquí no hay espacio para ambigüedades: recortar en prevención hoy es hipotecar la salud pública de mañana. Y eso, en cualquier manual serio de gestión, es una mala decisión. COMUNICACIONES ACCIONGAY
