A cuatro años de la entrada en vigor del matrimonio igualitario en Chile, el balance es claro: el país dio un paso civilizatorio relevante al reconocer que el amor, la familia y la ciudadanía no pueden seguir estando condicionados por la orientación sexual. En este periodo se han celebrado más de 9.000 matrimonios entre personas del mismo sexo y se han inscrito cerca de 930 hijos e hijas en estas familias, cifras que confirman que no se trataba de una demanda simbólica, sino de una realidad social que el Estado finalmente decidió reconocer.
Pero más allá de las estadísticas, el matrimonio igualitario expresa algo mucho más profundo: el cierre de un ciclo histórico de exclusión jurídica que durante décadas relegó a lesbianas, gays y personas de la diversidad sexual a una ciudadanía incompleta.
Chile llegó tarde a este debate. Durante años se sostuvo la ficción de que el problema podía resolverse con figuras jurídicas intermedias que evitaban tocar el corazón de la desigualdad. El Acuerdo de Unión Civil (AUC), aprobado en 2015, fue un ejemplo de ello. Reconocía vínculos patrimoniales, pero negaba derechos filiativos y mantenía una diferencia estructural entre las parejas heterosexuales y las parejas del mismo sexo. En términos simples: el Estado aceptaba la convivencia, pero seguía negando la familia.
El matrimonio igualitario corrigió esa anomalía jurídica. Por primera vez, el ordenamiento legal chileno dejó de establecer jerarquías entre familias y reconoció que la filiación, la protección social y la seguridad jurídica no pueden depender del sexo de quienes conforman una pareja. Ese cambio, aunque parezca evidente hoy, fue el resultado de décadas de presión social, litigios estratégicos, informes internacionales de derechos humanos y una lenta evolución cultural dentro del país. Un cambio cultural que ya es irreversible. Los datos disponibles muestran algo importante: el matrimonio igualitario no fue una medida testimonial. Miles de parejas han decidido formalizar su vínculo y hacerlo bajo el mismo marco legal que históricamente estuvo reservado para las parejas heterosexuales.
Un elemento particularmente significativo es que las uniones entre mujeres superan ampliamente a las de hombres, con más de cinco mil matrimonios entre mujeres frente a cerca de tres mil seiscientos entre hombres. Esta diferencia revela algo que muchas veces queda fuera del debate público: el matrimonio igualitario también ha sido una herramienta de protección para proyectos familiares y parentales que antes quedaban en un limbo jurídico. No es casualidad que la mayoría de los hijos inscritos en estas familias correspondan a hogares conformados por mujeres, muchas veces encabezados por madres que, durante años, debieron enfrentar vacíos legales en materia de filiación y reconocimiento parental.
En otras palabras, el matrimonio igualitario no solo legitimó relaciones afectivas: también permitió que niñas y niños que ya existían en estas familias pudieran acceder a protección jurídica, seguridad social y reconocimiento estatal. Ese es el verdadero impacto de la ley. Sin embargo, sería ingenuo suponer que la aprobación del matrimonio igualitario resolvió todas las formas de exclusión que enfrentan las familias diversas en Chile. Las instituciones del Estado siguen operando muchas veces bajo lógicas heteronormativas. Escuelas que no saben cómo registrar a dos madres o dos padres, formularios administrativos que todavía asumen estructuras familiares tradicionales, o profesionales de salud que no han sido formados para trabajar con diversidad familiar.
La igualdad legal abrió la puerta, pero el cambio institucional aún está en proceso. Y ese proceso no está garantizado. Hoy el matrimonio igualitario enfrenta un escenario político muy distinto al que permitió su aprobación. El crecimiento electoral de la ultraderecha y la consolidación del Partido Republicano como actor relevante del sistema político han reactivado una agenda cultural profundamente conservadora. Esta agenda no necesariamente busca derogar leyes de forma directa —algo jurídicamente complejo en el actual marco de tratados internacionales de derechos humanos—, pero sí intenta limitar su alcance mediante estrategias indirectas.
La historia comparada muestra cómo funcionan estos procesos. Los retrocesos rara vez se producen mediante una sola gran reforma. Más bien se instalan gradualmente: reducción de presupuestos para programas de diversidad, eliminación de contenidos de educación sexual integral, bloqueo de políticas públicas inclusivas o reinterpretaciones administrativas que vuelven más difícil el acceso efectivo a derechos. Bajo esta perspectiva, el matrimonio igualitario podría convertirse en el próximo campo de batalla de la llamada “guerra cultural” que sectores de la ultraderecha han importado desde Estados Unidos y Europa. El discurso es conocido: defensa de la “familia tradicional”, oposición a la “ideología de género” y construcción de la diversidad sexual como una amenaza cultural. Lo que está en juego no es solo una ley. Lo que está en disputa es la definición misma de familia en la sociedad chilena.
Las más de nueve mil parejas que han contraído matrimonio igualitario en Chile representan algo más que una estadística administrativa. Representan vidas concretas que durante décadas estuvieron invisibilizadas por el derecho. Parejas que pudieron finalmente heredar sin obstáculos legales, niños y niñas que hoy tienen filiación reconocida por ambos padres o madres, familias que dejaron de existir en la informalidad jurídica. Por eso resulta tan preocupante que, en medio del actual ciclo político, algunos sectores intenten reinstalar la idea de que estos avances fueron excesivos o apresurados. El matrimonio igualitario no destruyó la familia chilena, como auguraban sus detractores. Lo que hizo fue ampliarla. Chile es hoy una sociedad más democrática que hace diez años precisamente porque reconoció que la diversidad familiar existe y merece protección jurídica.
El futuro del matrimonio igualitario en Chile no dependerá únicamente de su existencia formal en la legislación. Dependerá de algo más importante: de la capacidad de la sociedad chilena para defender el principio de igualdad que lo sustenta. Los derechos civiles no son concesiones permanentes del poder político. Son conquistas que requieren vigilancia democrática. Y en un contexto global donde los movimientos conservadores han demostrado una notable capacidad para reorganizarse, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos volverá a ser una de las principales disputas políticas de la próxima década.
El matrimonio igualitario fue un punto de llegada después de años de lucha. Hoy, frente a un escenario político incierto, también se ha convertido en una línea de defensa de la democracia y de la idea básica de que todas las familias merecen el mismo respeto, la misma protección y los mismos derechos ante la ley. Porque cuando un país decide quién puede formar familia y quién no, lo que realmente está definiendo es quién pertenece plenamente a la comunidad política. Y esa es una pregunta que ninguna democracia puede permitirse responder con exclusión.
COMUNICACIONES ACCIONGAY
