En el actual contexto de reconfiguración política y social, las próximas elecciones presidenciales en Chile no constituyen meramente un proceso de renovación institucional, sino un momento crítico que define el rumbo de la democracia en materia de derechos humanos. En particular, la eventual llegada al poder de José Antonio Kast, figura representativa de la ultraderecha religiosa y moralista, plantea un escenario de riesgo significativo para los avances alcanzados en los últimos años en torno a la diversidad sexual y de género. Este artículo reflexiona sobre las implicancias profundas que una presidencia de Kast tendría para la ciudadanía LGBT+, las mujeres y todas aquellas personas cuyas identidades y cuerpos han sido históricamente marginados por una lógica normativa heteropatriarcal y confesional.
«El historial legislativo de Kast ofrece una base empírica clara para anticipar sus intenciones. Durante su gestión en la Cámara de Diputados (2014–2022), se opuso sistemáticamente a todo proyecto de ley orientado a reconocer y proteger los derechos de las personas LGBT+. Su rechazo al Acuerdo de Unión Civil (2015), su resistencia al matrimonio igualitario, pese a la vinculación jurídica de Chile con la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como su voto en contra de la Ley de Identidad de Género (2018), revelan una postura ideológica coherente: la negación del pluralismo social y la imposición de una concepción unitaria, tradicionalista y religiosa de la familia y la sexualidad».
Esta visión no es aislada, sino que se inscribe en una corriente transnacional de conservadurismo reaccionario. Las afinidades ideológicas y políticas de Kast con figuras como Giorgia Meloni, Víctor Orbán o Donald Trump no son meras coincidencias retóricas, sino evidencia de una alineación con una “agenda anti-género” que ha ganado terreno en diversos contextos democráticos. Esta agenda, disfrazada frecuentemente de defensa de la “infancia” o la “libertad religiosa”, opera en los hechos como un mecanismo de normalización coercitiva: busca limitar el acceso a la información, restringir la autonomía corporal, y deslegitimar las identidades no normativas.
En Chile, un gobierno liderado por Kast implicaría no solo la paralización del progreso en derechos, sino su reversión activa. La derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, su rechazo a la educación sexual integral y su promoción de la objeción de conciencia institucional en el sistema de salud no solo afectarían el acceso a servicios esenciales, sino que instalarían una lógica de exclusión institucionalizada. Del mismo modo, la posible judicialización de valores religiosos, a través del nombramiento de jueces y fiscales “con valores cristianos”, amenazaría la laicidad del Estado y la imparcialidad del sistema de justicia en temas sensibles como la discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Más allá de las políticas concretas, lo que verdaderamente se juega en esta encrucijada electoral es la concepción misma de la democracia. ¿Es la democracia un espacio de deliberación plural, en el que conviven múltiples formas de vida, deseo y pertenencia? ¿O es un mecanismo para imponer la moralidad de una minoría a toda la sociedad? la respuesta a estas preguntas define no solo el futuro de los derechos, sino la calidad misma de la convivencia democrática.
Chile ha transitado, en poco más de una década, desde la invisibilización legal de la diversidad hasta la consagración de derechos fundamentales como el matrimonio igualitario o el reconocimiento identitario. Estos logros no son meras concesiones del Estado, sino el resultado de luchas históricas por la dignidad y la igualdad. Su vulnerabilidad política en el presente exige una reflexión crítica sobre los fundamentos éticos y jurídicos que deben sostener cualquier proyecto democrático: la igualdad ante la ley, la autonomía personal, la no discriminación y el respeto a la diversidad.
En consecuencia, las próximas elecciones deben entenderse no solo como un acto de participación ciudadana, sino como una oportunidad, y una responsabilidad, de reafirmar el compromiso con una democracia inclusiva, laica y respetuosa de los derechos humanos. En este sentido, la alternativa Kast no representa una opción legítima dentro del espectro democrático, sino una amenaza a su núcleo mismo.
COMUNICACIONES ACCIONGAY
