En el marco del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, es urgente alzar la voz frente a la delicada situación que atraviesan las personas de la diversidad sexual y de género en Chile. Lo que debería ser una jornada de reflexión y compromiso con la igualdad, se convierte este año en un amargo recordatorio de los retrocesos en derechos humanos que estamos presenciando. En un hecho de extrema gravedad simbólica y política, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó hoy una medida impulsada por sectores de derecha que suspende el apoyo institucional a niños, niñas y adolescentes trans, en una ofensiva que pone en riesgo su integridad, su salud mental y su derecho a vivir con dignidad.
Este hecho no es aislado. Es parte de una avanzada conservadora que ha ganado terreno en el debate público y en el poder legislativo, promoviendo discursos de odio disfrazados de protección de la infancia o de defensa de la libertad de expresión. Esta estrategia no solo atenta contra los derechos de personas trans menores de edad, sino que instala un clima de sospecha y criminalización hacia cualquier política pública que busque garantizar condiciones de vida justas y equitativas para las comunidades LGBTIQ+. Lo que estamos viviendo es un retroceso político y cultural orquestado, en el cual la desinformación y el conservadurismo han logrado capturar parte de la agenda institucional.
Las cifras dan cuenta de esta situación alarmante. Según el último informe del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), el año 2024 registró 2.847 denuncias de discriminación y violencia hacia personas LGBTIQ+, un aumento del 78,7% respecto al año anterior. Este no es un aumento casual, sino una consecuencia directa de un contexto político que ha abandonado la agenda de igualdad y ha tolerado el avance del discurso de odio en los medios, en las redes sociales y en los espacios parlamentarios. A pesar de estos datos, no existe una respuesta institucional clara, coordinada ni comprometida.
Uno de los elementos más preocupantes es la incapacidad del Estado para ofrecer una protección efectiva frente a la discriminación. La Ley Antidiscriminación, conocida como Ley Zamudio, sigue siendo una herramienta débil e ineficaz. A más de una década de su promulgación, no ha sido reformada para incorporar medidas afirmativas, ni se ha creado una institucionalidad robusta que permita su implementación transversal en todos los servicios del Estado. La falta de voluntad política para fortalecer esta ley refleja el desinterés de las autoridades actuales por avanzar en materia de justicia e inclusión. El compromiso con los derechos de las diversidades ha sido más simbólico que real.
En este escenario, la actual administración ha demostrado una tibieza preocupante. A pesar de haber asumido con un discurso progresista en materia de derechos humanos, el gobierno del presidente Gabriel Boric ha sido ambiguo en sus acciones, omitiendo tomar posición frente a iniciativas regresivas como la que se aprobó en el Congreso. Las mesas interministeriales, las estrategias de igualdad y las promesas de una educación no sexista se han diluido entre las prioridades políticas de gobernabilidad. Esto no solo representa una falta de coherencia, sino también una traición a las expectativas de quienes creímos que por fin llegaba al poder un gobierno comprometido con nuestra dignidad.
Frente a este panorama, no podemos permanecer en la pasividad. La defensa de los derechos LGBTIQ+ no puede depender exclusivamente de la voluntad de los gobiernos de turno, ni puede darse por sentada en contextos democráticos cada vez más erosionados. La avanzada de la ultraderecha, con su retórica de odio, con sus alianzas con sectores religiosos conservadores y con su estrategia de captura institucional, representa una amenaza real y urgente. Lo que está en juego no es solo la inclusión formal o la representación simbólica: está en juego la vida de las personas trans, la posibilidad de que un adolescente gay no sea expulsado de su hogar, de que una lesbiana no sea acosada en su trabajo, o de que una persona no binaria pueda caminar por la calle sin miedo.
Hoy más que nunca, es momento de alertar, de organizarnos y de movilizarnos. No podemos permitir que los avances que tanto costaron —como la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario o la visibilización de nuestras familias— sean eliminados o vaciados de contenido por discursos reaccionarios. El Estado debe ser garante de derechos, no cómplice del odio.
El 17 de mayo no es un día de celebración, es un día de denuncia. Una oportunidad para recordarle al país que la igualdad no es una concesión, sino una deuda histórica. Una fecha para decir con fuerza que seguiremos resistiendo, articulando redes de cuidado, luchando por nuestras vidas y exigiendo justicia. Porque ninguna democracia puede llamarse plena si excluye, margina o silencia a quienes somos parte de su diversidad. Porque no daremos ni un paso atrás.
COMUNICACIONES ACCIONGAY
