Con profunda preocupación denunciamos la decisión adoptada por la Sala de la Cámara de Diputados durante la cuarta jornada de votación particular de la Ley de Presupuestos 2025, donde se rechazaron los recursos destinados a la Subsecretaría de la Niñez ($3.557 millones) y al Sistema de Protección de la Infancia ($104.453 millones), ambos dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. Esta medida se suma al desfinanciamiento total del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), un proyecto esencial para el bienestar de niños, niñas y adolescentes trans y de género no conforme en Chile.
El PAIG, implementado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en colaboración con el Ministerio de Salud, ha brindado apoyo fundamental a más de 2.500 menores y sus familias en 37 localidades del país. Este programa promueve la atención género-afirmativa, orientación familiar y la inclusión educativa, generando entornos más seguros y respetuosos. Estudios y testimonios avalan su impacto positivo en la salud mental y el bienestar general de sus beneficiarios.
Sin embargo, una serie de críticas ultraconservadoras han puesto en riesgo su continuidad. Desde la conformación de la Comisión Especial Investigadora (CEI-57) en agosto, se han difundido declaraciones erróneas que desinforman sobre el impacto y objetivos del programa. Esta narrativa culminó el 7 de noviembre cuando la Comisión Mixta de Presupuesto dejó al PAIG sin financiamiento para el próximo año. Posteriormente, el 15 de noviembre, la diputada Francesca Muñoz (PSC) promovió el rechazo de recursos argumentando, sin fundamento, que el programa vulnera derechos fundamentales, una afirmación que carece de respaldo en la evidencia y contradice el principio de interés superior del niño.
Esta decisión, aprobada con 65 votos a favor, 45 en contra y 7 abstenciones, no solo afecta directamente a los niños, niñas y adolescentes trans, sino que vulnera su derecho a la identidad de género y su acceso a un acompañamiento integral. Además, pone en peligro la estabilidad laboral de los equipos de salud que han trabajado arduamente para implementar este servicio en los distintos territorios del país.
Hacemos un llamado urgente a los parlamentarios y al Gobierno a reconsiderar esta decisión y restituir los recursos necesarios para garantizar la continuidad del PAIG y otros programas de protección a la infancia. Es imperativo proteger los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes en Chile, sin discriminación, y avanzar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa.
COMUNICACIONES ACCIONGAY
