Durante décadas, la respuesta al VIH/SIDA en Chile ha sido el fruto de un esfuerzo conjunto entre el Estado, las organizaciones sociales, las personas que viven con VIH y los equipos de salud comprometidos con los derechos humanos y la equidad en salud. Sin embargo, en el marco del gobierno del presidente Gabriel Boric, esta respuesta se ha visto gravemente debilitada por una serie de decisiones y omisiones que configuran un preocupante retroceso en políticas públicas que costó décadas construir.
El primero de los elementos que evidencia esta regresión es el desinterés manifiesto del Ministerio de Salud en dialogar con la sociedad civil organizada. Durante esta administración, las instancias de articulación entre las autoridades sanitarias y las organizaciones con trayectoria en prevención, atención y acompañamiento de personas con VIH han sido prácticamente inexistentes. A pesar de los reiterados llamados de ONG, redes de personas viviendo con VIH y colectivos de profesionales, no se ha establecido una instancia real de consulta ni se han sostenido reuniones de alto nivel que permitan incidir en las decisiones estratégicas. Esta desconexión entre la autoridad sanitaria y los territorios ha socavado profundamente la posibilidad de una respuesta efectiva y participativa.
Una segunda señal alarmante fue la decisión del Ministerio de Salud de no priorizar al VIH en la reciente actualización del GES (Garantías Explícitas en Salud). Esta omisión dejó fuera medicamentos innovadores, particularmente las terapias antirretrovirales inyectables de acción prolongada, que ya están disponibles en otros países y que podrían marcar un antes y un después en la adherencia al tratamiento. Esta decisión es especialmente preocupante considerando que el VIH sigue siendo una epidemia activa en Chile, con una alta tasa de nuevos diagnósticos anuales, especialmente entre jóvenes y personas de poblaciones clave. Negarse a incorporar avances biomédicos por razones burocráticas o presupuestarias, sin debate técnico ni consulta a la comunidad, es una muestra clara de negligencia institucional.
A esto se suma el grave desabastecimiento de insumos esenciales para la prevención, como test rápidos de VIH, condones internos y lubricantes. Este desabastecimiento ha sido denunciado por diversas organizaciones en terreno, que han visto cómo sus estrategias comunitarias se ven paralizadas por la falta de recursos básicos. Sin acceso sostenido a insumos preventivos, las posibilidades de reducir las tasas de transmisión del virus se ven severamente limitadas, especialmente entre las poblaciones más vulnerables.
Lo más crítico, sin embargo, ha sido el desfinanciamiento de las Respuestas Regionales Integrales, programas orientados a la implementación de acciones con poblaciones clave como personas trans, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, personas migrantes y personas privadas de libertad. Durante el año 2025, estos programas no contarán con recursos públicos para su ejecución. Esta decisión desmantela una política pública exitosa, reconocida por su pertinencia cultural, enfoque de derechos y capacidad de llegar a los territorios con respuestas concretas. Abandonar estas estrategias equivale a dejar a miles de personas sin acceso a información, prevención, testeo y derivación oportuna.
Otro aspecto que no puede ser omitido es la pobre calidad de las campañas de comunicación en VIH realizadas durante este gobierno. Lejos de ser estrategias de sensibilización que convoquen a la prevención con un lenguaje inclusivo y basado en evidencia, las campañas actuales carecen de creatividad, claridad de mensaje y enfoque interseccional. Han sido mal diseñadas, sin enfoque comunitario ni participación real de las personas afectadas. El Estado ha desaprovechado el potencial de los medios y redes sociales para educar, sensibilizar y movilizar, repitiendo formatos obsoletos que no conectan con las realidades actuales.
Todo lo anterior ha ocurrido con poco o nada participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. No ha habido instancias formales de consulta, no se han convocado mesas de trabajo ni procesos de deliberación vinculante. Esta exclusión de quienes han sostenido históricamente la respuesta al VIH es no solo una falta de respeto, sino una decisión política que erosiona el tejido colaborativo que durante años permitió avanzar en prevención, atención y derechos.
En definitiva, el gobierno de Gabriel Boric ha sido el peor en materia de respuesta al VIH desde el retorno a la democracia. Lejos de representar un avance en derechos sociales, su administración ha marcado un retroceso en aspectos clave de la política pública del VIH/SIDA. La falta de liderazgo político, la desconexión con la sociedad civil, el desinterés por incorporar innovación, el desabastecimiento preventivo, la exclusión deliberada de actores comunitarios y el debilitamiento de los programas territoriales configuran un escenario desolador.
Este retroceso no solo amenaza la salud de miles de personas, sino que pone en riesgo el principio mismo de la salud como derecho. Las organizaciones sociales, los activistas y las personas que viven con VIH no han dejado ni dejarán de alzar la voz. Pero es el Estado el que tiene el deber ético y constitucional de garantizar una respuesta integral, sostenida y basada en derechos humanos.
Desde este espacio hacemos un llamado urgente al gobierno a rectificar el rumbo, a restablecer los canales de diálogo, a reinvertir en prevención, a modernizar la respuesta biomédica, a fortalecer las estrategias territoriales y, sobre todo, a reconocer a la sociedad civil como actor fundamental. Aún hay tiempo para corregir el camino. Pero cada día que se pierde, es una oportunidad menos para evitar nuevas infecciones, para mejorar vidas y para defender una política pública que durante años fue ejemplo en la región.
¡La indiferencia institucional no puede seguir siendo la política del Estado!
COMUNICACIONES ACCIONGAY
