Durante décadas, las políticas sobre VIH se concentraron en prevenir nuevas transmisiones, ampliar el diagnóstico y garantizar el tratamiento antirretroviral. Estas prioridades siguen siendo indispensables, pero el éxito de las terapias ha generado una transformación que los sistemas sanitarios aún no asumen plenamente: las personas que viven con VIH están envejeciendo.
Llegar a los 60 años viviendo con VIH constituye un logro sanitario y comunitario. Sin embargo, también abre una etapa marcada por nuevas necesidades clínicas, psicológicas, sociales y económicas. El desafío de las políticas públicas ya no consiste solamente en prolongar la vida, sino en garantizar autonomía, bienestar, cuidados y dignidad durante la vejez.
ONUSIDA proyecta que, en América Latina, la proporción de personas con VIH de 45 años o más aumentará desde un 38% en 2020 hasta cerca de un 50% en 2030. La respuesta pública debe anticiparse a este cambio demográfico y adaptar sus prestaciones a una población que requiere atención continua e integral.
El tratamiento antirretroviral permite controlar el VIH y alcanzar una expectativa de vida cercana a la población general. No obstante, una carga viral indetectable no garantiza por sí sola un envejecimiento saludable.
Las personas mayores con VIH pueden presentar simultáneamente enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, alteraciones renales, pérdida de masa ósea, fragilidad, deterioro cognitivo, cáncer y problemas de salud mental. Algunas condiciones corresponden al envejecimiento general; otras pueden manifestarse más tempranamente debido a la inflamación crónica, la historia de la infección o la exposición prolongada a determinados tratamientos.
El modelo sanitario tradicional obliga a transitar separadamente por infectología, atención primaria, geriatría, cardiología, salud mental y servicios sociales. Esta fragmentación multiplica las consultas, dificulta la coordinación y eleva el riesgo de interacciones entre medicamentos. La respuesta debe evolucionar desde un sistema centrado en el virus hacia una atención centrada en la persona y su trayectoria vital.
Las personas mayores con VIH enfrentan una doble discriminación: el estigma asociado al diagnóstico y el edadismo que las considera asexuadas, dependientes o incapaces de tomar decisiones.
La idea de que las personas mayores no tienen vida sexual reduce la oferta de exámenes, invisibiliza sus necesidades preventivas y puede retrasar el diagnóstico. Por ello, la prevención combinada, preservativos, testeo, PrEP, PEP, tratamiento como prevención e información sobre indetectabilidad e intransmisibilidad, debe comunicarse durante todo el ciclo de vida.
También es necesario atender la soledad y la pérdida de redes. Algunas personas mayores sobrevivieron a los años más duros de la epidemia, perdieron parejas y amistades o mantuvieron su diagnóstico en secreto durante décadas. Otras fueron diagnosticadas recientemente y deben enfrentar simultáneamente el impacto emocional del VIH y las dificultades del envejecimiento.
La salud mental debe ser una prestación permanente, con evaluaciones de depresión, ansiedad, consumo de sustancias, deterioro cognitivo y aislamiento. Las organizaciones comunitarias cumplen un papel estratégico mediante el acompañamiento entre pares, la promoción de la adherencia y la reconstrucción de redes. Su trabajo requiere financiamiento estable y reconocimiento institucional.
Chile cuenta con políticas para las personas mayores y con una respuesta sanitaria específica frente al VIH. El problema es que ambas agendas todavía avanzan de forma paralela.
Se necesitan protocolos, presupuestos e indicadores que articulen los programas de VIH, atención primaria, salud mental, geriatría y cuidados de largo plazo. También se requiere información desagregada que permita conocer cuántas personas mayores viven con VIH, dónde residen, qué enfermedades presentan, cuáles son sus redes de apoyo y qué barreras enfrentan.
Los establecimientos de larga estadía, servicios domiciliarios y personas cuidadoras deben recibir formación sobre VIH, diversidad sexual, confidencialidad y derechos humanos. Negar atención, aislar a una persona o revelar su diagnóstico sin consentimiento constituye discriminación, no protección sanitaria.
La agenda pública debe priorizar un modelo integrado de atención; evaluaciones periódicas de salud cardiovascular, renal, ósea, cognitiva y mental; revisión sistemática de medicamentos; prevención y testeo sin límite de edad; capacitación de los equipos; acompañamiento comunitario y participación directa de las personas mayores con VIH en el diseño y evaluación de las políticas.
El próximo avance frente al VIH no se medirá únicamente por la cantidad de personas en tratamiento o con carga viral indetectable. También deberá medirse por cuántas conservan su autonomía, mantienen vínculos significativos y acceden a cuidados sin discriminación.
Chile debe conectar urgentemente la respuesta al VIH con las políticas de envejecimiento. No es una demanda futura: es una necesidad sanitaria, social y de derechos humanos que ya está presente.
COMUNICACIONES ACCIONGAY
